¿Qué es el Terrorismo de Estado y cuál es su relación con el caso venezolano?

En días recientes, Venezuela ha sido testigo de protestas masivas encabezadas por estudiantes a los cuales en algunos casos se ha unido la población civil. Debido a la creciente sombra de la censura, los medios se han convertido en espacios de permanente silencio, por lo tanto, conocer los hechos pasa por un proceso que incluye tener los contactos adecuados en las redes sociales. 

El día de hoy, el Director del Foro Penal Venezolano hizo público que además de prácticas ya conocidas, como el disparar perdigones a quema ropa, los estudiantes detenidos denuncian haber recibido descargas de electricidad por parte de los organismos de seguridad del Estado. Asimismo, denunció que dichos organismos exigen a los médicos que atienden heridos de bala entregar los proyectiles sin que para ello exista orden judicial alguna. 

Visto lo anterior, me pareció importante hacer un breve post, explicando qué es el Terrorismo de Estado. Dicha figura en su definición más básica comprende "el uso sistemático de la violencia y su extensión contra objetivos civiles en el marco de la toma del poder político". 

Prácticas comunes en la implementación de este tipo de terrorismo, comprenden: Coacción, secuestro, tortura, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales (es decir que un funcionario del estado asesine deliberadamente a un civil), creación de grupos armados apoyados por el Estado o en cuya persecución existe una negligencia premeditada e inducir a tales grupos a crear terror en la población civil. Aquí vale entonces la pregunta ¿alguna de estas situaciones les parece conocida? Apuesto a que sí. 

El concepto de terrorismo de estado ha sido aplicado en el contexto de los Derechos Humanos a múltiples gobiernos autoritarios, como las famosas dictaduras del Cono Sur. Así como a una variedad de organizaciones financiadas por gobiernos de distintos países, tales como la CIA (Estados Unidos) y la KGB (Rusia). Y es que usualmente, la violación de derechos humanos y la implementación de grupos que de algún modo pueden considerarse paramilitares no es exclusiva a un sector político, por el contrario, ha sido una de las prácticas más comunes de los gobiernos extremistas de izquierda y de derecha. Curiosamente, Latinoamérica tiene una larga historia que contar en esta materia. 

Ahora bien, es conocido por todos la existencia de un grupo autodenominado "Tupamaros" en Venezuela. El cual no esconde su filiación política con el gobierno y que a juzgar por su capacidad armamentista, bien pudiera estar siendo financiado por éste. Incluso, aún cuando la presunción anterior pudiera no ser cierta, lo que es indudable es que dicho grupo se ha convertido en una fuerza de choque (si no en delincuencia común) que actúa con total impunidad garantizada. 

Por otra parte, aunque algunas de las prácticas comunes al terrorismo de estado no han sido implementadas en Venezuela, es indudable que desde hace tiempo se ha venido denunciando la ocurrencia de ejecuciones extrajudiciales, sin que el gobierno haya hecho el mínimo esfuerzo por investigarlas. Adicionalmente, ha sido conocida por segunda vez la ocurrencia de torturas de varios tipos y específicamente con electricidad contra jóvenes civiles detenidos por las fuerzas de seguridad (la primera ocurrió el 15 de abril y un relato sentido al respecto puede encontrarse en la crónica "Perdigones en la Cédula" de Leonardo Padrón, cuya lectura recomiendo ampliamente). 

Es en lo anterior en lo que quiero afincarme, visto que las denuncias de tortura revisten hechos de gravedad. No puedo negar que esta es quizás la mayor muestra de represión que hayamos visto por parte de un gobierno que ha sido autoritario desde el principio. Nicolás no se ha parado en artículos para demostrarlo cada vez que tiene oportunidad. Preocupa el hecho de que tal práctica se convierta en un hecho sistemático por parte del Estado y hacia allá pareciéramos estar moviéndonos, porque ambos casos se registran en centros de detención distintos, ubicados en ciudades diferentes y por organismos comandados por personajes distintos. Pero si a eso le agregamos el hecho de que los estudiantes reciben balas y que la Guardia exige su entrega fuera del marco de un proceso judicial, indudablemente estamos hablando de hechos que además de carecer de legalidad, están dirigidos a sembrar el miedo y a obstruir la justicia, probablemente como una manera de proteger a los culpables. 

En tal sentido, no tengo dudas de que Venezuela se encuentra viviendo horas oscuras (que probablemente puedan ser peores y he allí la importancia de una agenda política definida), bajo un régimen que a todas luces implementa tácticas autoritarias contra la población civil. Entonces ¿qué hacer? Ante una situación como esta, lo más importante es mantener el acompañamiento a las víctimas y evitar por cualquier medio posible la creación de nuevos mártires. 

La segunda cosa más importante es denunciar lo que está pasando ante las fiscalías competentes. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene la denuncia en un contexto controlado por el gobierno? Simple, es importante poder juzgar a los responsables y para ello hay que denunciar. Aún cuando tengamos la certeza de que dichas denuncias no serán llevadas a curso, es importante tener un papel que compruebe lo que está pasando, porque nada es eterno y en el futuro cuando tengamos una justicia imparcial, dichos papelitos serán los tickets ganadores en los procesos por delitos de lesa humanidad. 

No lo olviden, Pinochet pudo ser juzgado gracias a los valientes que introdujeron Habeas Corpus ante un sistema del cual desconfiaban preguntando "¿dónde está mi desaparecido?". Por lo tanto, nunca subestimen el poder de una denuncia apropiada hecha a tiempo.